TUCUMAN (15/7/2010). La Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (26.331), sancionada, tras una ardua negociación, a finales de 2007, fue considerada el comienzo de una nueva etapa en la conservación de los recursos naturales del país. «Es una norma necesaria e imprescindible, que todos celebramos, incluido el Gobierno nacional. Pero tres años después advertimos que la Nación incumple el deber de financiar la protección de los bosques nativos», postula la abogada Carina Quispe, directora de Gobernabilidad, Política Ambiental y Conservación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
La norma obliga al Poder Ejecutivo Nacional a asignar el 0,3% del presupuesto nacional y el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (Fnecbn). Sin embargo, el presupuesto en curso sólo ha previsto 300 millones para esa cuenta, cifra que, según Quispe, representa apenas un tercio de lo que legalmente corresponde.
«Era imperioso diseñar un esquema de conservación y de manejo sustentable, pero a poco de andar comprobamos que el Gobierno nacional ha tenido una actitud por lo menos esquiva respecto del mecanismo que contribuyó a crear», afirma la letrada.
Equilibrio debido
El dispositivo previsto en la ley 26.331 establece tres categorías mínimas de conservación de la masa boscosa (máxima -roja-, media -amarilla- y verde -baja-), restringe el derecho de dominio sobre ciertas superficies críticas para el mantenimiento del recurso natural, y dispone que esas restricciones y los servicios ambientales que las tierras presten sean compensadas y retribuidas económicamente con el capital del Fnecbn. El beneficio tiene una condición: las provincias deben primero ordenar su territorio mediante un proceso participativo, trámite que Tucumán concluyó el 16 de junio, cuando la Legislatura sancionó el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos Tucumanos (Otbnt).
«En la medida en que el Fnecbn no tenga dinero, será imposible pagar a los ciudadanos afectados por leyes que les exigen un esfuerzo de conservación que conviene a toda la sociedad», advierte la experta de FARN, ONG porteña fundada en 1985 y presidida por el jurista Daniel Sabsay. «Las normas -asevera Quispe- deben ser respetadas por todos, tanto gobernados como gobernantes; la falta de financiación es inaceptable».
La ley posibilitaría evitar la pérdida del ya de por sí menguado patrimonio natural (distintas fuentes calculan que el país tenía 100 millones de hectáreas de bosques nativos a comienzos del siglo XX y que sólo 31 millones quedaban en 2008). Quispe pide actuar con cordura: «hemos identificado un bien que queremos cuidar y por fin hemos decidido protegerlo sin pretender que ello signifique no producir o no desarrollar actividades económicas. Esto significa planificar estratégicamente y aprovechar los recursos naturales con un criterio de sustentabilidad».
La destrucción en el país y en Tucumán
1.312 hectáreas son desmontadas ilegalmente.
1.400 hectáreas son desmontadas legalmente (hasta 2007)
255 hectáreas son forestadas
100 millones de hectáreas de bosques nativos había en el país en 1900.
31 millones de hectáreas de bosques nativos habían quedado hasta el año 2008. Los datos son de la Dirección de Fauna, Flora Silvestre y Suelos de la Provincia.
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